«Vamos a controlar los precios, tenemos denuncias en Laprida y San Jorge»

El Gobierno Nacional publicó hoy -jueves 9- el decreto que faculta a los intendentes y a los gobernadores a controlar los precios. La medida se pondrá en práctica a partir de este viernes por el plazo que dure la emergencia sanitaria por el coronavirus y esta posibilidad había sido adelantada por el propio presidente Alberto Fernández en diferentes medios nacionales y desde este lunes con un par de grupos de trabajos el municipio local controlará precios en la ciudad, según nos indicaban desde el área de Seguridad.

A través del decreto 351/2020, el Presidente les concedió a todos los intendentes del país «la fiscalización y el control» de los precios, en el marco de la resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior y sobre el tema el Intendente Municipal de Laprida, Pablo Torres, al ser consultado por LapridaWeb comentaba «vamos a asumir esa delegación, nos parece que hay que controlar los precios locales, hemos tenido denuncias en Laprida y San Jorge de algunos comerciantes con precios por encima de lo que establece la recomendación de la Nación»

De esta manera, deberán garantizar que los comercios cumplan con la exigencia de retrotraer los precios máximos de los productos a los vigentes el 6 de marzo, apenas tres días de que apareciera el infectado de coronavirus en la Argentina.

Los líderes municipales tendrán a su cargo el labrado de actas por irregularidades en los valores de los productos y la recolección de pruebas. Luego, el juzgamiento de las infracciones quedará en manos de la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y en referencia al trabajo local el jefe comunal nos decía «Armaremos un equipo adicional con trabajadoras municipales de otras tareas no para hacer inspecciones sino para recorrer los comercios y en caso de detectar precios por encima se convocará a los inspectores para que labren las infracciones que se justifiquen».

Para cumplir con su tarea, los intendentes podrán requerir la asistencia de la fuerza pública, solicitar órdenes de allanamiento, secuestrar libros y clausurar preventivamente los locales hasta por tres días.

Por su parte el decreto autoriza las provincias y al Jefe de Gobierno porteño a dictar normas complementarias: establecer un límite de precio en aquellos productos no contemplados por las autoridades nacionales y marcar precios máximos más bajos cuando los costos locales lo permitan, según los lineamientos de la Ley 20.680.

Esa ley establece penalidades que van desde multas de $ 500 a $ 10 millones hasta clausuras de 90 días e inhabilitaciones por un plazo de cinco años.

Esta iniciativa obedece a «la situación de emergencia sanitaria que tiene lugar en nuestro país como consecuencia del brote del nuevo Coronavirus», señala el texto de la normativa. En este contexto, «resulta necesaria la adopción de nuevas medidas que se sumen a las ya adoptadas, garantizando a la población el acceso a ciertos bienes esenciales que satisfagan, en este particular y excepcional contexto, necesidades básicas vinculadas al bienestar general».