El gobierno presentó una cautelar para impedir la difusión de nuevos audios

En plena campaña electoral y a menos de una semana para que se desarrollen los comicios en la provincia de Buenos Aires, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el gobierno nacional denunció una operación de inteligencia, luego de que se conociesen nuevos audios en los cuales estaría implicada la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Según lo dicho por le vocero, presentaron este recurso ante la justicia federal con el fin de denunciar una “maniobra golpista” que tenía como meta “desestabilizar al país en plena campaña electoral”. Según sostuvieron en la denuncia, “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido».

La denuncia vio la luz cuando el Gobierno nacional obtuvo información de que habría audios de más de un ministro para salir en los próximos días y cuando la población ya se hizo eco de esta situación que salpica al gobierno nacional.

En esa línea, dirigentes de La Libertad Avanza fueron contundentes al asegurar que se trata de una operación: “Como es habitual, quince o veinte días antes de la elección aparece esta operación del kirchnerismo a la cual nos tiene acostumbrados. Obviamente se trata de una operación y eso le agregó mayor apatía a la población”, sostuvo un dirigente violeta en La Plata.

La denuncia se realizó luego de que se conociesen audios que corresponderían a Karina Milei, luego de conocerse otros fragmentos de Diego Spagnuolo denunciando sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En los audios que salieron en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente Javier Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones que serían difundidas en próximos días. Ante esta situación, el gobierno puso reparos y presentó esta medida cautelar.

En la denuncia por espionaje ilegal, el gobierno nacional sostuvo que “naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como ejercicio de la libertad de prensa”.

La denuncia tiene la firma del Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Oscar Soto. El dirigente presentó una denuncia penal ante la justicia federal por la presunta producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

A su vez, el escrito subraya que se trata de “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”.

Según el Gobierno, la denuncia busca “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.