La iniciativa pretende que se penalice toda acción física o verbal, de naturaleza o connotación sexual, basada en el género, identidad u orientación sexual donde una o más personas se dirijan en contra de otra u otras que no desean o rechazan estas conductas. Para esos casos se prevén multas económicas, trabajos comunitarios o penas de hasta 30 días de cárcel, según la gravedad de la situación.
La diputada Bilbao, una de las impulsoras del proyecto, explicó que “de aprobarse, la ley será aplicable en espacios de uso públicos y privados, y se entenderá que el acoso sexual callejero puede manifestarse a través de conductas que sean de connotación sexual como actos verbales que resulten humillantes u ofensivos, fotografías o grabaciones no consentidas, persecuciones, abordajes intimidantes o exhibicionismos”.
Bilbao hizo hincapié en la importancia del activismo como base para legislar y aseguró que “es un instrumento más de defensa y protección para las mujeres, y sobre todo se espera trabajar en la prevención y concientización de toda la sociedad y puntualmente en todos los niveles educativos con programas que informen y difundan esta problemática”.
