RATIFICAN LA PROHIBICION DE CORTES DEL GAS POR FALTA DE PAGO

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ratificó la medida cautelar que prohíbe el corte del suministro de gas a los usuarios que no lo puedan pagar y advirtió a las prestatarias la imposición de multas en caso que no respeten la medida judicial.

En una nueva resolución, el magistrado señaló que las empresas serán sancionadas con una multa de entre 1000 y 100.000 pesos por cada corte que se aplique y que pueda ser violatorio de los alcances de la prohibición.

El juez dispuso que las prestatarias deben informar a la Justicia acerca de los cortes de suministro que se lleven adelante por falta de pago, «dando cuenta de lo actuado en el marco del procedimiento establecido por la Justicia

Ramos Padilla rechazó, a su vez, dos planteos del juez en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Enrique Lavié Pico, para que el proceso tramite en ese fuero porteño.
La medida es una fuerte respuesta al incremento de tarifas que impulsa el Gobierno de la Nación para acelerar la reducción del déficit fiscal. La decisión con aumentos paulatinos generó un fuerte contrapunto con la oposición que obligó al Presidente días atrás a vetar una ley que retrotraía los valores de las tarifas a noviembre. 

El magistrado de Dolores había sostenido en su primera resolución que el servicio de gas «no puede convertirse en un bien suntuario de acceso limitado sólo para determinados grupos. El Estado debe garantizar un estándar mínimo de calidad de vida y la accesibilidad a los servicios públicos esenciales».

Asimismo, se hizo eco del veto a la Ley de Emergencia Tarifaria que firmó Mauricio Macri. Señaló que la decisión del Presidente “no ha modificado las circunstancias de hecho y de derecho vinculadas a la obligación del Estado de atender derechos indispensables y la situación de los sectores vulnerables».

Ramos Padilla hizo hincapié en que la decisión judicial que adoptó no está dirigida a quienes sí pueden abonar las tarifas, sino para aquellos que a los que les puede resultar excesivamente oneroso afrontar el nuevo cuadro tarifario o se encuentran en la necesidad de resignar otros servicios o derechos básicos para atender a su pago».

En esa línea, remarca que, con la medida, se busca visibilizar “algo tan simple como importante, como es que los ciudadanos más vulnerables que se encuentren económicamente imposibilitados de abonar el nuevo cuadro tarifario que ha sido impugnado judicialmente, deben ser protegidos por el Estado».