LOS PUERTOS DE LA PROVINCIA ADOPTARÁN MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

Con el objetivo de combatir la corrupción y promover acciones tendientes a la consolidación y
fortalecimiento institucional, se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Gobierno provincial y
los presidentes de los consorcios portuarios bonaerenses, una medida inédita que reafirma el
compromiso de integridad en la función pública.
El acto se realizó en las oficinas del Ministerio de Producción bonaerense, en La Plata, y contó
con la presencia del ministro de Producción, Javier Tizado; el Director Ejecutivo de la Oficina de
Fortalecimiento Institucional, Luis María Ferella; y los representantes de los puertos de Bahía
Blanca (Miguel Ángel Donadío), Dock Sud (Alejandro Semmartin), La Plata (José María Dodds),
Mar del Plata (Martín Merlini), Quequén (Arturo Rojas) y San Pedro (Marcos Eliseo Almada). En
tanto, el consorcio del puerto de San Nicolás suscribirá el respectivo acuerdo cuando se lleve a
cabo la designación de su presidente, como así también lo hará el puerto de Coronel Rosales,
una vez finalizado su proceso de conversión a Consorcio.

“Lo que buscamos con esta medida es lograr que en los Consorcios se impulsen procedimientos
internos para promover la probidad y, de esta forma, impedir posibles prácticas reprochables en
las operaciones de los mismos”, remarcó Tizado.
Con la firma del convenio, y en el marco del Programa de Integridad en Empresas del Estado de
la provincia de Buenos Aires, los presidentes de los consorcios asumirán el compromiso de
transparencia presentando declaraciones juradas, llevando un registro de socios comerciales y
proveedores, fomentando a los empleados a reportar situaciones contrarias a la ética pública o de
hechos de corrupción y habilitando mecanismos de denuncias pertinentes.
Además, deberán designar un Oficial de Cumplimiento Estatal (OCE), posibilitar el acceso
irrestricto a toda la información requerida por éste en cumplimiento de sus funciones, proveer al
mismo de los medios y recursos para el desempeño de sus deberes en relación al tamaño y
capacidad económica de la organización. Asimismo, comunicarán al resto del directorio quién

será designado como OCE, que velará por el correcto desenvolvimiento del plan y actuará como
enlace entre el directorio y la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI).
A ese respecto, el titular de la cartera de Producción bonaerense manifestó que “este acuerdo se
enmarca dentro de las políticas de control y transparencia en las empresas y organismos públicos
impulsadas por la Gobernadora María Eugenia Vidal, para garantizar el correcto uso en el manejo
de los recursos públicos de todos los Bonaerenses”.
En tanto, Ferella sostuvo que “esta es una medida ejemplar. Los puertos siempre fueron mirados
como un área crítica de la provincia y esta es una firma decisión. Acompañamos esta política con
un programa de integridad desarrollado para cada uno de los consorcios portuarios. Vamos a ir
construyendo conjuntamente programas de integridad para cada uno de los puertos y a seguir de
cerca el programa, los avances y el acompañamiento que necesiten”.
Por último, la OFI prestará la asistencia técnica requerida para la elaboración de una evaluación
de riesgo/ diagnóstico a fin de determinar aquellas debilidades operacionales o procedimentales
que favorecen la existencia y reproducción de prácticas ineficientes o contrarias a la ética pública.

¿CÓMO FUNCIONA UN CONSORCIO?

El consorcio portuario es un ente público no estatal que tiene la finalidad de administrar y explotar
el puerto; es un ente legal con un modelo de gestión pública acorde a la dinámica portuaria. Este
nuevo modelo permite la planificación y la previsibilidad de la operación portuaria, punto principal
para el desarrollo y la mejora de la competitividad.
Entre los mecanismos de control que posee tras su conformación, se destacan el que lleva a cabo
la Contaduría General de la Provincia, que puede requerir la información que sea necesaria para
el cumplimiento de sus funciones; y la confección por parte del Directorio de un informe semestral
escrito sobre la gestión social -incluyendo la información relevada por la Auditoría- que es luego
remitido a los Organismos de Asesoramiento y Control.