IPS complicado y al borde del estallido

El efecto motosierra se hizo sentir una vez más sobre las tierras bonaerenses. Frente al millonario recorte de fondos, el Gobierno provincial se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para exigir a la Nación el pago de una deuda que, según estimaciones oficiales, asciende a 12,1 billones de pesos.

Dentro de este total, el Instituto de Previsión Social (IPS) estima que 1,7 billones corresponden exclusivamente a fondos previsionales que la Nación no transfiere desde 2024. Esta deuda complica aún más los números del organismo, que ya registraba un déficit creciente que atenta al manejo cotidiano.

Estos recursos, que corresponden a los incumplimientos de asistencias por parte de ANSES y que fueron establecidos por ley, deben ser girados a las provincias que administran cajas previsionales no transferidas. Buenos Aires cuenta con tres: el propio IPS, la caja de la Policía y la del Banco Provincia (BAPRO). No es el primer reclamo y los anteriores todavía duermen en los tribunales nacionales.

La falta de estos recursos genera tensiones financieras severas, ya que son considerados esenciales para sostener el pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones.
Con esta mora se acrecienta la sospecha sobre un desfinanciamiento a drede, que le permitiría al Gobierno nacional avanzar en su proyecto de absorción de todas las cajas previsionales. Según especialistas en la materia, hay un objetivo de debilitar financieramente las cajas para luego avanzar con un proceso de “armonización” bajo un mismo régimen controlado por el Poder central.

Este mecanismo permitiría al Ejecutivo nacional evitar el pago de la deuda acumulada y, al mismo tiempo, sumar nuevas fuentes de aportes para su sistema previsional, además de centralizar todas las prestaciones jubilatorias.

El IPS enfrenta, además, problemas estructurales de larga data que agravan el cuadro actual: alta dependencia de aportes provenientes del sector docente, reducción del número de contribuyentes por el pase masivo a la categoría de monotributistas durante la gestión de María Eugenia Vidal, otorgamiento de jubilaciones anticipadas y déficit creciente derivado de la insuficiencia de ingresos. A esto se suman las demoras en el reconocimiento de pensiones por discapacidad a nivel nacional —que no registra nuevas altas desde hace más de un año y medio—, lo que ha incrementado la demanda de solicitudes en la órbita provincial.

Frente a este escenario, la administración bonaerense ha agotado las vías de diálogo sin obtener respuestas. Marina Moretti, presidenta del IPS, expresó a La Tecla: “Hemos hecho todo, hemos dialogado, yo por lo menos he tenido que seguir interactuando con las otras cajas, con la Administración Central y, sin embargo, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Por eso la judicialización es una medida extrema. Y así y todo, tampoco tenemos la respuesta y esto no es para un gobierno, estamos hablando de los recursos previsionales de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores del sector público, los municipales, los de la Administración Central, los docentes, los médicos, los enfermeros, todos los que trabajan en el sector público”.

Estos recortes no sólo complican las finanzas provinciales, que deben compensar las faltantes con fondos propios, sino que también afecta directamente a miles de beneficiarios. Según datos oficiales del IPS correspondientes a junio de 2025, el número total de beneficiarios asciende a 370.545 personas. En cuanto a los haberes, el promedio contributivo es de $1.105.794.

Esta judicialización representa un nuevo capítulo en la tensión entre Nación y Provincia, donde el “efecto motosierra” no sólo recorta fondos, sino que pone en jaque la sostenibilidad del sistema previsional bonaerense.

Fuentes del Gobierno provincial indican que, de no resolverse, podría derivar en mayores ajustes locales o retrasos en pagos, como así también en las prestaciones de servicios para el sector vulnerable que comprende a los beneficiarios del Instituto de Previsión Social.
Con el clima electoral, cobran relevancia los reclamos de los diferentes organismos. El IPS no es ajeno a la compleja situación que atraviesa la administración provincial y la falta de recursos complejiza su gestión cotidiana. La Justicia tendrá la última palabra respecto a los billones que no transfiere Nación. La batalla está abierta y el final es incierto.

Fuente: La Tecla Por Juan Pablo Carvajal