“Durante la noche logré pescar en forma reglamentaria la pieza más importante del concurso, una corvina negra que me ubicó en el segundo lugar del podio”, afirmó Espíndola, quien había obtenido inicialmente ese puesto y el premio de una camioneta Toyota Hilux 4×2, antes de que la organización invalidara la captura.

El pescador aseguró que utilizó un equipo permitido y negó haber recibido ayuda externa para extraer la pieza. Según explicó, un tercero intentó asistirlo, pero finalmente no fue necesario. “No lo necesité porque usé la ola para subirla a las piedras como se ve en el video que circuló en las redes”, sostuvo. Además, citó el artículo 9 del reglamento del concurso, que —según su interpretación— permite recibir ayuda de otra persona para asegurar una captura importante.

En su presentación, Espíndola cuestionó los fundamentos de la decisión adoptada por la organización y denunció irregularidades en el procedimiento. “Se sucedieron hechos que generaron un destrato y deshonor, con impedimentos de contacto por largos ratos con las autoridades, silencios y cuestionamientos”, expresó. También afirmó que la descalificación se produjo “sin explicaciones concretas” y con referencias “ambiguas” al reglamento.

El bahiense insistió en que su accionar se ajustó a las normas deportivas y ambientales vigentes, y sostuvo que el intento de asistencia se realizó con un elemento que definió como “deportivo” y adecuado para preservar el estado del pez, en caso de que debiera ser devuelto al mar.

En otro tramo del comunicado, rechazó haber aceptado la resolución del club y confirmó que avanzará por la vía judicial. “Ya he instruido a un estudio de abogados para que le pongan coto al caprichoso accionar de algunas personas del Club Cazadores”, señaló. Además, adelantó que buscará recuperar “el trofeo, el podio, la camioneta y los daños y perjuicios” que asegura haber sufrido.

Espíndola también planteó la necesidad de revisar el reglamento del certamen, al que calificó como “oscuro” y susceptible de interpretaciones “arcaicas, antojadizas y caprichosas”.

La descalificación del pescador había sido resuelta tras una denuncia formal presentada ante la organización del tradicional concurso de pesca deportiva realizado en el distrito de Tres Arroyos. En su momento, el Club Cazadores sostuvo que la decisión respondió a un “error de procedimiento de acuerdo al reglamento” y descartó la existencia de mala fe por parte del participante.

El caso generó fuerte repercusión entre los participantes del certamen y el público, y suma ahora un nuevo capítulo tras el descargo del pescador, que anticipa una disputa judicial por el resultado del concurso y la adjudicación del premio.

Fuente: labrujula24.com

El Fiscal General Departamental Azul Dr. Marcelo A. Sobrino, encabezó la apertura de esta jornada, que contó con la presencia de Gisela Burcatt, actualmente a cargo del departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas que depende de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General bonaerense y en representación del COMAFUAZ el juez Albano Gallicchio.

El fiscal General Sobrino dio inicio de la jornada, detallando que se trata de la apertura de un programa que vienen organizado en este Departamento Judicial que es de formación continua para todos los empleados, funcionarios y peritos que dependan de la Fiscalía General Azul.

No va a ser una jornada de un solo día, va a ser un programa de formación continua en esta temática, que entendemos absolutamente necesaria para los tiempos que corren. Va a atravesar a todas las fiscalías, no sólo a las específicas de cibercrimen».

Desde la Procuración provincial y especialmente convocada para intervenir en esta capacitación, la doctora Burcatt afirmó que el objetivo es «incorporar dentro de la matriz de investigación la faz digital, que es súper importante».

«La modalidad es poder presentar todas las herramientas que tenemos disponibles desde el Ministerio Público para todos los investigadores, para que puedan fortalecer sus investigaciones», sostuvo la funcionaria judicial provincial.

En contacto con medios locales, Gisela Burcatt explicó que todos los ilícitos en general están actualmente «atravesados por componentes tecnológicos». Y dio como ejemplo lo que sucede ahora con un «robo tradicional», donde para su esclarecimiento «hoy vamos a buscar, más allá de testigos presenciales, los teléfonos, las antenas o videos».

Más adelante, al ser consultada sobre los ciberdelitos en particular, la integrante de la Procuración bonaerense afirmó que se ha incrementado ese tipo de modalidad delictiva, al señalar que las causas penales que en territorio bonaerense se tramitan por esos hechos alcanzan actualmente al «diez por ciento del volumen total de las investigaciones iniciadas en el año en toda la Provincia». Una realidad que al mismo tiempo -sostuvo también Burcatt- va de la mano con el incremento de ese tipo de ilícitos tanto a nivel nacional como en todo el mundo.

«Hoy, personas con pocos recursos económicos pueden desde el anonimato de Internet abarcar grandes cantidades de víctimas. Eso rompe los lineamientos territoriales que teníamos para investigar. Antes, tanto la víctima, como el juez y el imputado estaban en el mismo territorio. Pero actualmente a eso ya no lo sabemos. Hoy puede ser que el juez esté acá, la víctima en otra provincia y que el imputado, quizás, esté en otro país».

En ese contexto, reconoció que la investigación por ese tipo de ilícitos «es cada vez más compleja», ya que se trata de un delito que «va mutando constantemente».

Al respecto, explicó lo que ocurría durante la pandemia, «que fue cuando explotó» este tipo de hechos. Una época donde se realizaban llamados telefónicos a las víctimas, quienes engañadas después iban hasta a un cajero electrónico y mientras hablaban por teléfono con un estafador terminaban siendo despojadas del dinero que poseían en sus cuentas bancarias.

Pero ahora «todo eso mutó a embargos bancarios», donde «las personas no se dan cuenta que tienen virus que los atacan cuando abren sus home banking». Y aclaró que en el contexto actual, el dinero que obtienen los ciberestafadores «está pasando a criptoactivos, que también es un tema que vamos a abordar en este programa».

Por si parte el Fiscal Dr. Adrián Peiretti -a cargo ahora también de la UFI 22, la fiscalía desde se instruyen causas vinculadas con infracciones a la Ley 23.737 y sumarios relacionados con las comisiones de delitos informáticos- destacó la importancia de la jornada realizada este lunes en el ámbito del Departamento Judicial Azul.

Además de definir como un «gran desafío» a ser el titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 22, el funcionario judicial azuleño dijo que los delitos informáticos constituyen «una temática absolutamente novedosa y que avanza de manera muy rápida, con lo cual es muy importante trabajar en la capacitación de todos los operadores».

«También -agregó- en lo que incluye este ámbito de formación», tendiente a generar conciencia entre la sociedad en materia de prevención para evitar que se registren este tipo de delitos.

Y por último y dando la finalización de la jornada el auxiliar Letrado Facundo Sánchez -quien desde Olavarría pertenece a la Fiscalía General- el encargado de continuar con esta iniciativa, vinculada con la capacitación de los agentes del Departamento Judicial Azul que desempeñan tareas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Según explicó en diálogo con los medios, ese programa continuo de formación para los operadores judiciales consta de «tres ejes».

Uno de ellos es «la actualización constante». Y un segundo, «la articulación interinstitucional, que ya generamos la primera reacción con el gran apoyo de la Procuración».

En tanto, el tercero de los ejes a desarrollar en el marco de esta capacitación realizada en las investigaciones de delitos informáticos, dijo también Sánchez, apunta a realizar -durante los próximos meses de octubre y noviembre- diferentes talleres en Azul, Olavarría y Tandil.

«Me toca coordinar este trabajo. Pero somos varios, fiscales, futuros fiscales y peritos, los que estamos en esto: una red de equipos para compartir los conocimientos y crear herramientas mucho más útiles para las investigaciones», afirmó Sánchez.

Allí le hicieron saber sus intenciones solicitándole dinero y dólares, que según los malvivientes se hallaban en poder del hombre. En busca del tesoro deseado, los delincuentes revolvieron y desordenaron toda la casa, mientras la víctima permanecía atada a una silla.

Desde ese lugar, Cisilino pudo ver que mientras tres de los delincuentes se hallaban dentro de la vivienda, un cuarto permanecía en el exterior del lugar a modo de “campana”, teniendo en cuenta la proximidad de la ruta y el monte que rodea la vivienda.

En un momento no precisado por la víctima, cuando se hallaban fuera de su vista, los autores del ilícito efectuaron un disparo que, a criterio de German Cisilino, se hizo a modo de amedrentamiento para lograr que éste confesara la ubicación del dinero.

Siendo aproximadamente las 21,10 se retiraron del lugar, por lo que Cisilino pudo realizar una comunicación a Benito Juárez, para dar aviso de lo vivido, comunicándose a través del teléfono fijo, ya que el celular había sido llevado por los delincuentes.

Finalmente, se pudo saber que los malvivientes sustrajeron una camioneta Toyota modelo Hilux AH-357-NN; 3 corderos que había congelados en un freezer, armas de fuego y municiones, siendo una pistola Bersa Thunder, calibre 40; una Bersa calibre 45 con mira laser, una escopeta semiautomática 12/70, una carabina Remington con mira telescópica, un revolver 48 corto marca Taurus, una pistola 9 mm. Marca Taurus, un Aire Comprimido, unos pocos dólares y aproximadamente 400 mil pesos, en billetes de distinta denominación. También el celular que fue mencionado anteriormente.

La causa se halla en instrucción en la UFI 11, Sede Tandil, a cargo del Fiscal Norberto Adrián Peiretti, del Departamento Judicial Azul.

jcantero@elfenixdigital.com

La disposición alcanza a explotaciones rurales de los partidos de Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. El estado de emergencia regirá para esas zonas desde el 1° de marzo hasta el 31 de agosto de 2025, plazo en el que se definió la finalización del ciclo productivo de las explotaciones afectadas.

Según lo resuelto, los productores que deseen acceder a los beneficios previstos por la normativa deberán gestionar el certificado de emergencia extendido por la autoridad provincial competente. La Provincia será la encargada de remitir el listado de los productores alcanzados a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional, acompañando las constancias correspondientes.

En tanto, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, así como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), deberán implementar los mecanismos necesarios para garantizar que los productores incluidos en la declaración puedan gozar de los beneficios establecidos en la ley, vinculados a créditos, prórrogas impositivas y medidas de alivio financiero.

La resolución instruye además a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a celebrar convenios y acciones necesarias para la ejecución de la medida. La declaración de emergencia y/o desastre agropecuario entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, con el objetivo de mitigar el impacto de las inundaciones en la producción bonaerense.

Fuente: latecla.info

“Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha por personal de emergencia. Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste bonaerense, sin registrarse heridos ni víctimas fatales.

Según el conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción.

“Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. El episodio ocurrió en medio de un panorama climático crítico: rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en al menos 12 provincias.

En marzo de 2023, Evangelina Bello denunció que tres perros pitbull atacaron a su mascota, que murió tras un mes de cuidados. Sostuvo que no era el primer episodio y que ya existían antecedentes contra los mismos animales. Reclamó medidas urgentes al municipio y a Zoonosis, sin obtener respuestas inmediatas.

Durante los meses siguientes, Bello se expresó en redes sociales, compartió imágenes y denunció la inacción del gobierno local. Apuntó directamente contra Matzkin, a quien responsabilizó por permitir que los perros siguieran en el domicilio de su dueña, pese a los riesgos.

En ese contexto, Bello publicó un mensaje en Facebook que el alcalde interpretó como una amenaza. A raíz de ese posteo, el jefe comunal inició una denuncia penal por amenazas simples, la cual derivó en una audiencia prevista para el 28 de agosto de 2025.

La escalada comenzó con una junta de firmas impulsada por Bello y vecinos para reforzar la ordenanza local sobre perros peligrosos. El Concejo Deliberante aprobó en mayo de 2023 una resolución solicitando al Ejecutivo que hiciera cumplir la normativa vigente ante casos reincidentes.

Bello explicó que su comentario en redes no fue una amenaza sino un exabrupto. “Fue dentro de un contexto de bronca”, declaró. El conflicto escaló a los tribunales y sigue sin resolución firme.

Dos años después del ataque, la Justicia falló en contra de la dueña de los pitbulls y ordenó que indemnice a Bello. A pesar de esa victoria judicial, la causa penal que la involucra por supuestas amenazas contra Matzkin continúa su curso y será tratada en audiencia este jueves.

“Me mataron una perrita, unos perros pitbull, y el caso fue que el señor (Lisandro Matzkin) se sintió amenazado con una publicación que, no solamente tiene como raíz un simple comentario, un posteo de Facebook sobre un romance que se podría haber ventilado de él, que yo no lo iba a hacer, pero solamente estaba buscando tener atención”, contó Evangelina.  Asimismo, detalló que “me implica un montón de consecuencias porque la denuncia que me realizó es penal, siendo que solamente hay una publicación de Facebook que solamente dice, sé con quién dormís y dónde guardás la camioneta”.

Bello explicó que pidió al municipio que hiciera cumplir la ordenanza que permite la eutanasia en casos reincidentes, ya que el dueño del animal no se hacía cargo. Entonces, recuerda que su perra estuvo un mes con vida y tuvo gastos veterinarios importantes, pero no recibió ayuda oficial.

“Yo ahora tengo el gasto extra de tener que pagar un abogado penalista, que son millones, que no los tengo, que voy a tener que generar un gasto que era innecesario por culpa prácticamente de un capricho de un intendente que lo único que tiene esto es abuso de autoridad”, sentenció.

Finalmente, dijo: “Me hicieron un allanamiento en mi casa, como si fuera una delincuente con cinco patrulleros. Se bajaron policías con Ithacas sólo para ir a quitarme el celular, el cual yo estaba en mi último mes de embarazo, que iba a una cesárea programada, perdí todos mis contactos”.

Fuente: latecla.info

Un vecino de Coronel Suárez de 72 años fue reanimado este miércoles por la mañana gracias a la rápida intervención de efectivos policiales que le practicaron maniobras de RCP tras sufrir una descompensación en la vía pública.

El hecho ocurrió el día martes 20 cte., alrededor de las 10:30 hs, en la intersección de las calles Lavalle y Belgrano, cuando personal de la Policía Comunal acudió al lugar tras un llamado de emergencia al 101, que alertaba sobre un hombre descompensado en la vía pública.

Al llegar, los efectivos constataron que la víctima, se encontraba tendido en la vereda sin signos vitales. De inmediato, el subteniente Juan Zacarías Silbera inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), acompañado por el sargento Alejandro Krieger, mientras que la oficial Brenda Olmedo coordinaba el arribo del servicio de emergencias médicas.

La acción conjunta permitió que el hombre recuperara signos vitales y fuera trasladado con vida al nosocomio local para su atención médica.

Desde la fuerza destacaron la rapidez y eficacia del procedimiento, que resultó clave para salvar la vida del vecino, resaltando su accionar ejemplar en este tipo de emergencias.

El primero en anunciar medidas para paliar la crisis fue Nebot, a fines de abril. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el intendente notificó una serie de decisiones orientadas a contener el déficit financiero municipal, entre las que se destaca una rebaja del 13% en los sueldos de funcionarios y concejales, así como una propuesta similar para los trabajadores municipales, que ya fue aprobada en asamblea.

Sabemos que es una decisión difícil, pero la hacemos para evitar un mal mayor, que es no poder afrontar el pago de sueldos”, afirmó el jefe comunal.

Según explicó el intendente, el municipio arrastra un déficit desde 2019, situación que se agravó por las políticas económicas de ajuste implementadas a nivel nacional en el último año. La reducción de los impuestos coparticipables y la caída en la cobrabilidad de las tasas locales golpearon fuertemente las arcas municipales.

“La crisis económica se traduce en una baja de la recaudación de impuestos nacionales y provinciales, y esto hace que la coparticipación que reciben los municipios también disminuya. Además, la crisis produce una caída en el pago de las tasas municipales, lo que afecta directamente a nuestras finanzas”, detalló.