De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), en la comparación interanual la CBA mostró un alza de 37,6%, mientras que la CBT avanzó 31,6% respecto de enero de 2025. Ambos indicadores reflejan la dinámica de los precios relevados por el IPC del Gran Buenos Aires y marcan el piso de ingresos que necesita una persona para cubrir necesidades básicas.

En términos de hogares, una familia tipo de cuatro integrantes -compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años- necesitó en enero $ 623.990 para no caer en la indigencia y $ 1.360.298 para no ser considerada pobre. En tanto, el costo mínimo para que un adulto equivalente no sea considerado indigente ascendió a $ 201.938,62, y se ubicó en $ 440.226,19 para que el mismo adulto no sea pobre.

ara un hogar de tres integrantes, integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, la CBA alcanzó los $ 496.769 y la CBT los $ 1.082.956. En el caso de una familia de cinco miembros -dos adultos de 30 años y tres hijos pequeños-, los ingresos requeridos ascendieron a $ 656.301 para cubrir la canasta alimentaria y a $ 1.430.735 para afrontar la canasta total.

Fuente: Agencia DIB

La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos. Un sector de Unión por la Patria y los bloques de izquierda votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de “punitivista”.

Acto seguido, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− optó por diferenciarse al coincidir con el oficialismo en fijar en 14 años el piso de punibilidad, pero insistió en que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Por eso advirtió que, si la ley es sancionada, podría ser judicializada.

Detalles del proyecto

La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.

El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.

“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.

Fuente: Agencia DIB.

Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias.

El Gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad.

El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes, de Córdoba, Martín Llayorda, y de Misiones, Hugo Passalacqua.

Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que reunió 28 a los que sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

En el último tramo asistieron a la sesión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo «Lule Menem», y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la reforma laboral es una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.

La sesión comenzó a las 11.13 con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por la LLA, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Frente Cívico, y otros bloques provinciales.

La votación en general se dio a la 1.20 y el debate en particular finalizó a pocos minutos de las 4.

El proyecto que promueve el oficialismo contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

En la discusión en particular, el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas.

En el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, el senador del PRO, Martín Goerling Lara, propuso volver a la propuesta del Gobierno para que esos aportes sean voluntarios.

En esa votación el oficialismo consiguió 40 votos, en lugar de 42, como obtuvo en las votaciones de los anteriores capítulos.

La negociación

A último momento, el oficialismo incluyó el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad como un anexo a la ley, ya que no pudo incluirlo como proyecto aparte debido a que este tema no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias.

A lo largo de toda la jornada y tras el pedido del PRO de que se incluyan las billeteras virtuales, el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las entidades bancarias para pagar los sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central, según fuentes a la Agencia NA.

También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%.

Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.

En el tema del Instituto Nacional del Cine (INCAA) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos (físicos o digitales) y 25% de la recaudación del ENACOM hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional,

Un largo debate

En el cierre del debate, la presidenta de la bancada de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas opositoras y defendió fervientemente el proyecto de modernización laboral.

La legisladora sostuvo que el esquema actual es parte de una «legislación obsoleta» que mantiene al país «anclado en el pasado».

Para Bullrich, la clave del crecimiento no reside en la expansión del Estado, sino en la dinamización del sector privado.

Desde la oposición, el presidente del interbloque José Mayans, el jefe del bloque Justicialista, encabezó el rechazo opositor al proyecto de modernización laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, denunció que es «inconstitucional» y aseguró que «va a fracasar».

«Este proyecto así como está redactado es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día», resaltó.

Durante su discurso, el legislador formoseño vaticinó el naufragio de la iniciativa y lanzó duras críticas al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

El debate fue abierto por el senador libertario, Juan Cruz Godoy, quien aseguró que en este proyecto se incorporaron «detalles» para que el trabajador “se ponga de acuerdo con el empleador”.

Afirmó que esta propuesta busca solucionar «el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales».

Por la oposición, el senador peronista Mariano Recalde, indicó que esta norma “no está pensada para generar trabajo” y que “no es la primera que se hace en 50 años”. Asimismo, se refirió al acuerdo entre el empleado y el empleador para fraccionar las vacaciones y aseguró que “todos se quieren ir 14 días”.

“Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las 8 horas de trabajo a un montón de trabajadores. Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también», concluyó.

Fuente: labrujula24.com

La última novedad, confirmada por la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich (Capital), es que los gremios, que mantendrán la facultad de cobrar de manera compulsiva los “aportes solidarios” a los trabajadores por representarlos en las negociaciones colectivas.

Solo se le impondrá un tope del 2% a esos aportes. Como contrapartida, se tomó la misma decisión para los aportes que cobran las cámaras empresarias. Seguirán siendo obligatorios, pero limitados -como hasta ahora- al 0,5% mensual.

La votación en general se espera para después de la medianoche; y la aprobación definitiva, con los cambios que se le introducirán al proyecto en el recinto, para bien avanzada la madrugada.

Esto es así por la estrategia adoptada por el bloque Justicialista que, ante la inminencia de una nueva derrota legislativa a manos de un oficialismo en minoría, adoptó como último recurso extender lo máximo posible el debate, anotándose 19 de los 21 senadores kirchneristas en la lista de oradores.

Incidentes en la calle

Alrededor de 300 personas fueron afectadas por gases lacrimógenos y balas de goma durante la represión frente al Congreso, en el marco de la votación en el Senado de la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza. Hubo 31 detenidos y 70 demorados, en un operativo que contó con unos 800 efectivos de fuerzas federales y porteñas. Organismos de derechos humanos compararon el despliegue con el ocurrido durante el tratamiento de la Ley Bases y denunciaron el uso de armamento “menos letal”, incluidas pistolas lanzagases.

Los incidentes comenzaron cuando un grupo reducido arrojó piedras por encima del vallado, tras lo cual las fuerzas de seguridad avanzaron con hidrantes, gas pimienta y postas de goma para dispersar la manifestación. Según el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, la mayoría de los manifestantes se concentraba de forma pacífica. Equipos sanitarios asistieron a más de 500 personas por efectos de los gases y heridas, y denunciaron disparos por encima de la cintura, algo prohibido por los protocolos.

También resultaron heridos periodistas y manifestantes que, según testimonios, fueron reprimidos incluso cuando se retiraban. La Defensoría del Pueblo porteña señaló que se bloquearon vías de evacuación y que continuaron los operativos en calles aledañas. Parte de los detenidos fue liberada horas después, mientras organizaciones sociales denunciaron detenciones arbitrarias y un accionar desproporcionado de las fuerzas de seguridad.

Fuente: Clarín / Página 12 / Brujula24

Según el relevamiento del INDEC, la división de mayor aumento en enero fue la categoría de Alimentos y Bebidas no alcohólicas con una suba del 4,7%, impulsado por la remarcación en Carnes y derivados, así como en Verduras, tubérculos y legumbres, seguido por Restaurantes y Hoteles con un 4,1%, traccionado por la temporada de verano.

Además, comunicación y vivienda también se ubicaron por encima del promedio, tras alcanzar el 3,6% y 3%, respectivamente. Un dato alarmante, ya que estos rubros iban a tener una mayor ponderancia en la nueva metodología del IPC que pretendía lanzar este mes el oficialismo y que dio marcha atrás, luego de la renuncia de Lavagna.

Lo que sucede es que, la nueva medición de la inflación iba a realizarse en base a la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/18, la cual daba una mayor ponderancia a los servicios dentro del índice, mientras que los alimentos iban a perder incidencia, lo que hubiera dado lugar a un IPC mayor.

Sin embargo, tras la renuncia del funcionario, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó a Pedro Lines al frente del organismo y definió no aplicar la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por lo que la inflación de enero se ponderó en base a una canasta de consumo con ítems del 2003/2004.

“La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual; Marco corrió los números del año pasado y da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo; enero daba un poquito más abajo el índice nuevo”, justificó Caputo en declaraciones radiales.

La canasta actualizada con la que el INDEC iba a medir la inflación de enero.

En ese contexto, este martes, los rubros que registraron las menores subas en el primer mes del año correspondieron a Educación, con un 0,6%, Prendas de vestir y calzado, que registró una baja del 0,5%, así como Recreación y Cultura con el 1,0%, una radiografía más de la baja de consumo dada la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

En cuanto al devenir de la inflación para los siguientes meses de 2026, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) efectuado recientemente por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) vaticinó que el IPC será de 2,1% para febrero y 2,2% para marzo, mientras que para abril proyectan una baja de 1,9%.

Así, las estimaciones del organismo prevén una tendencia descendente para la primera mitad del cuatrimestre, con 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio. No obstante, estas proyecciones dependerán de la evolución de los precios regulados, la política cambiaria y los acuerdos salariales.

Fuente: Diputados Bonaerenses.

El más importante será en la tarifa de gas, que tendrá una suba de 16,86% promedio en todo el país.

En el caso de la electricidad en las zonas atendidas por EDENOR y EDESUR, el aumento será de 3,59%, según datos a los que accedió Agencia Noticias Argentinas.

Los motivos de este aumento son:

• – Cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria
• – Aumento mensual por fórmula (IPIM + IPC) para que las tarifas no pierdan valor
• – Aplicación del nuevo esquema de subsidios SEF
• – Aplicación del precio de gas unificado/fijo en todo el año. Esto genera un salto en febrero por única vez, pero en un mes de muy bajo consumo de gas.

De acuerdo con la interpretación oficial, “se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año”.

Según los cálculos realizados por la Secretaría de Energía, algunos ejemplos de aumentos son los siguientes:

La categoría Residencial más numerosa (R1), que representa el 42% del total de usuarios (casi 4 millones de usuarios), tendrá aumentos de $3.000 o menos.

Aproximadamente 1 de cada 5 usuarios tendrá un aumento menor a $1.000.

Para las primeras 4 categorías Residenciales (70% del total de usuarios de gas a nivel país), los aumentos se ubican, en promedio, entre los $960 y los $6.400.

De acuerdo con la interpretación oficial, “se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año”.

Según los cálculos realizados por la Secretaría de Energía, algunos ejemplos de aumentos son los siguientes:

La categoría Residencial más numerosa (R1), que representa el 42% del total de usuarios (casi 4 millones de usuarios), tendrá aumentos de $3.000 o menos.

Aproximadamente 1 de cada 5 usuarios tendrá un aumento menor a $1.000.

Para las primeras 4 categorías Residenciales (70% del total de usuarios de gas a nivel país), los aumentos se ubican, en promedio, entre los $960 y los $6.400.

Desde el Gobierno nacional explicaron que “se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se le dispare el precio”.

Esta cifra representa una caída de 2,5 puntos porcentuales respecto al 34% registrado en diciembre. Por su parte, la mediana de las respuestas se mantuvo sin cambios en un 25%.

En la medición de corto plazo, la previsión para los próximos 30 días también mostró un descenso.

El promedio de inflación esperada para el próximo mes bajó al 3,71%, frente al 4,59% que se había reportado en diciembre. La mediana para este periodo mensual permaneció en el 3%.

Los datos provienen de la última Encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, que recibió Agencia Noticias Argentinas.

El trabajo de campo fue realizado por la consultora Poliarquía entre el 5 y el 15 de enero de 2026, mediante 1.000 encuestas telefónicas en diversos centros urbanos del país.

El informe detalla que la reducción de las expectativas fue generalizada en todas las regiones.

El Interior del país mostró la caída más pronunciada, con un promedio que pasó de 32,6% a 29,5%.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la expectativa bajó a 33,5%, mientras que en el Gran Buenos Aires se situó en 35,0%.

Finalmente, las proyecciones descendieron en todos los niveles de ingresos, aunque persiste una brecha entre ellos.

Los hogares con mayores ingresos redujeron su expectativa de 32,4% a 29,2%. En tanto, los hogares de menores ingresos pasaron de esperar un 37,5% a un 35,5% para los próximos 12 meses.

Fuente: Noticias Argentinas

El panorama se agrava al sumar los compromisos con la banca tradicional: el endeudamiento total de los hogares equivale al 140% de sus ingresos mensuales. El dato más alarmante es el deterioro en la capacidad de pago: la cantidad de créditos considerados «irrecuperables» (con más de un año de mora) saltó del 2,6% al 6,4% en apenas doce meses.

Morosidad triplicada y el fin de la licuación

El relevamiento, sustentado en datos oficiales del Banco Central hasta noviembre de 2025, indica que el 21,4% de la deuda con el sector fintech presenta irregularidades en el pago, una tasa que se triplicó respecto al año anterior (7,4%). En dinero contante, esto significa que de los $12,6 billones prestados por el sistema no bancario, unos $2,7 billones tienen problemas de cobro.

«Muchas personas que tienen acceso a crédito formal no les alcanza para llegar a fin de mes y usan mecanismos alternativos. Las cuotas en los últimos años se licuaban con la inflación, ahora no se licúa más«, explicó Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, al matutino.

El estrés financiero también golpea a los bancos tradicionales, aunque en menor medida debido al cobro por débito automático: la mora en préstamos personales escaló a un inédito 11%, mientras que en tarjetas de crédito la irregularidad llegó al 8,4%, multiplicándose por seis en comparación con 2024.

“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad. Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores”, sostuvo el líder de ATE, Rodolfo Aguiar.

Tras la reunión en el Hotel Héctor Quagliaro, Aguiar adelantó que seguramente la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciará este miércoles su adhesión a la medida y pidió “establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”.

“Las recorridas de Diego Santilli muestran que, sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, cuestionó Aguiar sobre las reuniones del ministro del Interior de la Nación con los gobernadores.

“Pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno. Frente a este escenario, tenemos el deber de estar en la calle, de protestar. No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la constitución. Es la ley fundamental que rige nuestra convivencia democrática. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, agregó Aguiar.

Además de ATE, formaron parte de la reunión que terminó en el anuncio del paro contra la reforma laboral los sindicatos judiciales, de salud, de vialidad, de energía, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras actividades.

Según ATE, la reforma laboral afectará al sector público ya que numerosos organismos estatales son regidos por la Ley Contrato de Trabajo, que la propuesta de Milei busca modificar. Entre las jurisdicciones afectadas, se encuentra PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Aduanas, Administración General de Puertos, entre otros.

Asimismo, desde el principal gremio que nuclea a los estatales alertaron que el artículo 79 de la iniciativa redactada por Casa Rosada modifica la Ley 18.345, que asignaba la competencia de la Justicia Laboral para controversias entre trabajadores empleadores, incluyendo entre estos al Estado Nacional. “Con esta modificación, los conflictos judiciales con trabajadores que involucren al Estado Nacional, en cualquiera de sus tres poderes, pasarán al fuero Contencioso Administrativo”, puntualizaron.